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El gobierno contra los ciudadanos digitales

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El Consejo de Ministros acaba de aprobar el proyecto de ley de economía sostenible y de anunciar que lo envía a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Todavía habrá que agradecerles que no lo aprueben por la vía rápida mediante un Decreto-Ley. Han transcurrido tres meses y medio después de que el lobby internacional del copyright introdujese, en un Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que nada tenía que ver con la propiedad intelectual, una ominosa Disposición Final Primera destinada a cerrar impunemente páginas web sin intervención judicial. En el camino queda una fuerte movilización en internet, falsas promesas de volver a ser recibidos para consultas, las críticas de varios de los organismos pertinentes consultados sobre la misma y unas pequeñas modificaciones cosméticas en el texto que no varían en absoluto el alcance y espíritu de las medidas.

En síntesis lo que tenemos es un proyecto de ley que, salvo que algo cambie radicalmente, será aprobado sin modificaciones o con cambios mínimos por el parlamento, y que permitirá a una comisión administrativa dependiente del ministerio de cultura cerrar las páginas web que le parezca pertinente. Para empeorar todavía más el asunto, la composición de dicha comisión no se establece en la ley ni se conoce, aunque todo apunta a que en ella estarán presentes las entidades de gestión. Una vez decidido el cierre, un juez revisará que no se vulneran la libertad de expresión o de información, pero no entrará en el fondo de la cuestión. No revisará si efectivamente hubo o no una vulneración de derechos de propiedad intelectual. Ante este cierre, cabrá recurrir por la vía ordinaria y ver si después de unos años la justicia te da la razón y puedes volver a abrir tu web. Eso sí, incluso si al final ganas, olvídate de que alguien te vaya a compensar. Es, con toda claridad, una justicia paralela. Una justicia que no es justicia.

La defensa de la propiedad intelectual se convertirá así en la gran excusa para censurar y controlar internet. Cualquier página web es susceptible de estar infringiendo derechos de propiedad intelectual desde el punto de vista de los interesados, que serán muy probablemente los que controlen la comisión. Se impondrá la interpretación de que enlazar a contenidos protegidos equivale a publicarlos, aunque los jueces se empeñen en decir lo contrario. Y con ello todas las webs con enlaces, y la estructura misma de Internet estarán en peligro. Así, se podrán cerrar páginas molestas de todo tipo. Es más, si funciona como pretenden sus impulsores, ni siquiera esto hará falta. Habrán creado un régimen de autocensura suficiente para que la gente no se atreva a publicar según qué cosas. O para que una simple amenaza de denuncia ante la comisión baste para que se retiren los contenidos o críticas no deseados.

El envío al parlamento del proyecto de ley en estos términos, y más en las circunstancias en las que se ha hecho (sin dar a conocer el texto, sin mencionarlo en rueda de prensa, sin mencionarlo en un dossier de más de 60 páginas, sin permitir que hubiera preguntas sobre el tema en la misma), viene a consumar una importante brecha digital entre la sociedad en internet y nuestra clase política, con el gobierno al frente.

Internet se ha convertido en una plataforma de comunicación, de expresión, de información y de innovación sin precedentes en la historia de la humanidad. Es, sin duda, un elemento clave para el progreso de las sociedades modernas. Es a la sociedad del siglo XXI lo que la electricidad fue a la de finales del XIX. La base sobre la que se construye la sociedad del futuro, sobre la que se cimientan todas las demás innovaciones. Pretender impulsar la economía sostenible y la innovación de espaldas a internet es no haber entendido nada. Es condenar a España a perderse la revolución digital, de la misma forma que nos perdimos la revolución industrial.

La clase política, con la complicidad de buena parte de los medios tradicionales, ha calculado que la protesta de internet no iría a más. Que estaba hecha de gaseosa. Que con manejar bien los mensajes, como han hecho siempre, bastará para que el asunto se olvide, para que no haya movilización ni contestación, para que se quede en unos pocos protestando en el vacío, sin ninguna repercusión en el mundo físico. Ellos están organizados. Saben cómo moverse, como influir. Saben cómo hacer para que un asunto pase inadvertido, para que no se pregunte por él. Y piensan que, esta vez también, van a salirse con la suya.

Yo creo que no. Que hemos traspasado ya un umbral invisible pero importante. Que el número de personas que están en internet, que la usan todos los días y que la valoran como algo realmente imprescindible en sus vidas es mucho más alto de lo que los políticos se imaginan. Somos muchos los que consideramos que el tratamiento que se haga en política de internet es un asunto clave. Capaz de cambiar nuestro voto. Capaz de hacer que nos movilicemos y nos organicemos. Si nos atacan, nos defenderemos. En nuestro terreno encontraremos medios tecnológicos para esquivar sus intentos de control y de censura. En el suyo poco a poco iremos ganando espacios. Iremos organizándonos, iremos actuando.

Sé que no somos decenas de millones. Pero también sé que cada día somos más. Y que cada día tomamos más conciencia de nuestro número y de nuestro poder para cambiar las cosas. No será cosa de unos días. Puede que no consigamos parar esta ley. Pero estamos creciendo, estamos haciéndonos más fuertes. Y estamos tomando nota.

Via nacionred

Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet” II

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El Consejo de Ministros aprobará hoy viernes en Sevilla – en pleno puente de San José – ese engendro llamado “Ley de Economía Sostenible”, que incluye la conocida como “Ley Sinde”, que permitirá el cierre de páginas web en sólo cuatro días.

Me sumo a los blogs que republican hoy el manifiesto conjunto del pasado mes de diciembre. Es la primera vez que en mi blog se repite una entrada, pero la extrema gravedad del tema lo merece. Si tienes página en la red, si publicaste en su momento el manifiesto, si la red es para ti algo importante; te invito a hacer lo mismo, e incluso a cambiar tu avatar en Twitter y/o Facebook por la imagen que tienes en esta entrada:

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el
artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano nojudicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier
página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen
prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las
entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia

Este texto se publica multitud de sitios web. Si estás de acuerdo,
publícalo también en tu blog.

Más información en el Wiki del Manifiesto

Grupo de apoyo al Manifiesto en Facebook

A partir de hoy, Red y Libertad

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Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

  1. Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.
  2. Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.
  3. Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.
  4. Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía.
    Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que vincula a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos
  5. Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.
  6. De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.
  7. Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.
La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fue aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o “ley de la patada en la puerta”). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.
Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.
En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.
En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

  1. Los artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);
  2. La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo D, “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la Carta);
  3. El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo A, “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);
  4. La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo C, “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);
  5. Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B, “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).

Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.
Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).
La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y delegaciones diplomáticas.

Firmado
Red SOStenible
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