Copio literalmente un artículo de FayerWayer (escrito por Chus Vilallonga) que resume muy bien los últimos acontecimientos sobre el cierre de webs.
Ha ocurrido un interesante y no poco importante giro de los acontecimientos en relación a los derechos y libertades de Internet y sobre los derechos de autor.
Ayer mismo explicaba que la subcomisión de propiedad Intelectual, que pretende marcar las pautas no vinculantes de la reforma de la ley, tiene en sus filas a todas las entidades de gestión y una representación casi nula de los internautas. Dicha Ley tiene una relación directa con parte de la Ley de Economía Sostenible, que pretende cerrar paginas web por la vía adminsitrativa y sólo judicialmente en una medida casi nula; como comenté, todo está conectado.
La subcomisión inicia hoy sus trabajos y teóricamente los representantes de dichas organizaciones tenían de antemano la batalla ganada, teniendo en cuenta como han ido las cosas hasta el momento. Pues parece que no lo tienen tan fácil. Y es más: tienen por primera vez posibilidades de perder estrepitosamente.
Justo en el momento en que se inicia la que teóricamente será la recta final de todo este asunto, aparecen informaciones a nivel nacional -y no rumores, sino informaciones contrastadas- que demuestran que hay que hacer un cambio de rumbo con efectos inmediatos. La cuestión es que esta vez no provienen de internautas a nivel organizativo, sino que provienen de partidos políticos y comisiones administrativas entre otros, y lo más importante: el eco llega a todos los medios de información del país. A continuación algunos ejemplos:
- La Comisión Nacional de la Competencia sacó a la luz un informe en el que afirma que las entidades de Gestión mantienen una posición de monopolio. Se hacen eco, entre otros, rotativos como El País, El Mundo, Público, ABC, o Economista, y en el momento de escribir este artículo, es tema de debate en 4 de las 6 cadenas de televisión nacionales.
- Todos los partidos políticos nacionales, a excepción del partido mayoritario de la oposición pedirán mañana al Gobierno la retirada íntegra del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. El partido mayoritario de la oposición por ahora no se ha manifestado, pero se mostró a favor de los derechos de los internautas cuando estalló la polémica, por encima de la protección de los derechos de autor.
- Trabajadores de la SGAE, entidad de gestión de derechos de autor y uno de los principales impulsores de la reforma, piden una auditoría interna ante una presunta malversación de fondos tildada, literalmente, de despilfarro. Esto tiene relación directa con presuntos tratos de favorrecibidos por la organización, con la adquisición de bienes de coste millonario por parte de la misma, o por los planes de jubilación de los directivos con los que se podría alimentar un país del tercer mundo. Si, esta es la misma organización que pretende cobrar a las peluquerías por poner la radio.
- Dos abogados especializados en Internet, David Bravo y Javier de la Cueva, invitan a todo el país a unirse en una acción jurídica conjunta contra el Estado, por vulnerar las directivas comunitarias europeas, y por monopolio de las entidades de gestión.
Ahora si; empieza el debate, pero el debate de verdad. A esto nos han empujado.
