La empresa Hierros del Mediterráneo, del grupo Hiemesa, que el pasado verano despidió al empleado de Lleida Miquel Mitjans, de 38 años, el mismo día que tenía previsto iniciar una baja paternal, ha evitado que el caso se dilucidara en un juzgado de lo social debido a que ha llegado a un acuerdo económico con el denunciante. “El trabajador ha recibido una suma de dinero sustanciosa, muy superior a la que legalmente le habría correspondido en caso de que un juez hubiera apreciado que fue un despido ilegal”, ha manifestado su abogada, Eva Ramon Esteve.
Miquel Mitjans denunció a Hierros del Mediterráneo, empresa dedicada a la compraventa de hierro para la construcción y cerrajería, por despedirle tras solicitar un permiso de 10 semanas -derecho previsto entonces en el Estatuto de los Trabajadores para los empleados masculinos- para poder cuidar a su hijo recién nacido. El motivo alegado por la empresa, en la que llevaba seis años como auxiliar administrativo, fue el bajo rendimiento.
El trabajador tuvo su primer hijo a finales de julio y un mes después se quedó sin trabajo. Hasta ese momento, las relaciones entre el denunciante y la empresa eran correctas. Cuando le comunicaron el despido, Miquel no se lo podía creer porque hacía poco que le habían ascendido de categoría y sus jefes no sólo le felicitaron por su paternidad, sino que incluso enviaron flores a su esposa a la clínica.
La situación dio un vuelco radical el día que se personó en la empresa con una carta en la que solicitaba poder disfrutar de la baja paternal. Mitjans confiesa que lo ha pasado muy mal en el paro porque lo que realmente quiere es trabajar. Ha aprovechado este descanso forzoso para hacer un curso de contabilidad y para estar muchas horas con su hijo. “Quiero olvidar pronto esta mala experiencia y animo a otros trabajadores a que denuncien situaciones de discriminación como la mía, que por desgracia ocurren cada día en muchas empresas, sobre todo contra las mujeres que son madres”, explica Mitjans.
El caso se ha cerrado en el ámbito privado. La vista en la que la defensa iba a solicitar la nulidad del despido por discriminación, cuestión sobre la que no existe demasiada jurisprudencia, estaba prevista para el pasado martes, pero no se llegó a celebrar porque la empresa prefirió pagar al trabajador una elevada cantidad de dinero que arriesgarse a la publicidad de una sentencia posiblemente desfavorable a sus intereses. “Una condena a readmitir al trabajador, le hubiera supuesto a la empresa admitir que había incumplido la ley y, al tiempo, habría sentado un precedente para el resto de los 800 trabajadores de la plantilla. En este caso, el acuerdo judicial entre las partes también es un reconocimiento implícito de que se discriminó al trabajador”, señala Esteve.
Fuente: www.elpais.com